La historia de Salinas y Rocha volvió a la discusión pública por una pregunta que sigue sin resolverse con los documentos disponibles: cuánto costó su rescate financiero y qué condiciones permitieron que Elektra adquiriera posteriormente la cadena.
Claudia Sheinbaum retomó esa operación al hablar del video en que Andrés Manuel López Beltrán respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego. La presidenta respaldó que se conozcan las dos versiones y destacó los señalamientos que el dirigente de Morena formuló sobre la trayectoria empresarial de Salinas Pliego.
“¿Cómo se rescata con un valor que paga el pueblo y luego se compra muy barato?”, preguntó Sheinbaum. Mencionó cantidades de 4 mil 160 millones y 77 millones de pesos, pero durante la exposición también reconoció que no tenía todos los datos a la mano.
Ese punto requiere documentos, no equivalencias automáticas. La transcripción no identifica con precisión si ambos montos representan el mismo tipo de activos, el mismo momento contable o la totalidad de las obligaciones que intervinieron.
“Él dice que deben abrirse los archivos del IPAB. Estaría muy bien”, sostuvo la mandataria. Planteó consultar a la Secretaría de Hacienda para saber si es factible abrir expedientes del rescate de Salinas y Rocha y otros negocios asociados al Fobaproa.
La presidenta interpretó que la posterior compra habría beneficiado al grupo empresarial. Es un señalamiento suyo, no una conclusión jurídica o contable acreditada mediante los contratos de la operación.
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro quedó ligado a la crisis financiera de los noventa y al debate sobre la transferencia de obligaciones privadas al sector público. La documentación de cada rescate es esencial para distinguir apoyo financiero, valor de activos y precio de venta.
Sheinbaum también mencionó otras controversias empresariales, entre ellas el llamado Chiquihuitazo. No anunció investigaciones penales ni una fecha para hacer públicos los archivos solicitados.
El siguiente movimiento corresponde a Hacienda y al IPAB: aclarar qué expedientes pueden abrirse y bajo qué reglas. Solo el examen de los documentos permitirá contrastar las cifras de la presidenta y las versiones del empresario sin convertir la disputa política en contabilidad definitiva.
