El Senado de la República aprobó con 78 votos a favor y 39 en contra la convocatoria que permitirá elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación en junio de 2025. El proceso, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), ha generado un intenso debate en torno a la independencia del sistema judicial en México.
Entre los cargos a elegir el primer domingo de junio de 2025 se encuentran cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como una magistrada o un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Además, serán seleccionados 10 magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, 464 magistrados de Tribunales Colegiados y Tribunales Colegiados de Apelación, y 386 juezas y jueces de Distrito.
Estas elecciones se llevarán a cabo por voto universal, libre, secreto y directo. El INE se encargará de las actividades preparatorias y de la organización de todo el proceso electoral. En el caso de las ministras y ministros de la SCJN y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, las votaciones serán de carácter nacional. Los magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, que residen en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca, serán elegidos por región en cada circunscripción correspondiente. Además, los magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación se elegirán en los 32 circuitos judiciales del país, conforme a la división geográfica de los 300 distritos electorales federales.
En el caso de quienes aspiren a los cargos de ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral, deberán cumplir con requisitos específicos, como presentar acta de nacimiento, título de licenciatura en Derecho y documentos que acrediten al menos cinco años de experiencia jurídica. También deberán presentar un ensayo de tres cuartillas justificando su postulación y cinco cartas de referencia que respalden su idoneidad para el cargo.
Para los candidatos a magistrados de Circuito y jueces de Distrito, se añadirán requisitos como una constancia de al menos tres años de práctica profesional en un área jurídica relacionada con el cargo al que aspiran. Las constancias de residencia y cartas bajo protesta de decir verdad sobre su reputación y cumplimiento de requisitos legales también serán necesarias para estos cargos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignará una partida complementaria en el Presupuesto de Egresos de 2025 para que el INE pueda llevar a cabo la organización y desarrollo del proceso electoral. Las autoridades, como el Poder Ejecutivo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el propio INE, deberán asegurar que las campañas transcurran en condiciones de seguridad y sin interferencias que puedan afectar la imparcialidad de las elecciones.
Debate político
La aprobación de la convocatoria ha provocado reacciones divididas entre los distintos grupos parlamentarios. La oposición ha manifestado su rechazo al proceso, argumentando que se trata de una reforma injusta y motivada por intereses políticos. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mayuli Latifa, calificó la aprobación de la convocatoria como un “circo” y la describió como una “barbaridad legal”.
Por su parte, Carolina Viggiano, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció que la reforma representa una venganza contra el Poder Judicial. Viggiano señaló la presencia de empresarios en la discusión, sugiriendo que la medida estaba influenciada por intereses económicos y que carecía de la certidumbre jurídica necesaria.
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que la reforma pone fin al equilibrio de poderes en México. Según Castañeda, la elección popular de los jueces no responde a las necesidades del país y podría comprometer la independencia judicial.
En contraste, Adán Augusto López Hernández, senador del partido oficialista Morena, defendió la reforma como una medida profunda y necesaria para mejorar el sistema de justicia. López Hernández sostuvo que, por primera vez en la historia de México, el pueblo tendrá la oportunidad de elegir a sus jueces y ministros, y descartó que Morena tenga intención de controlar el Poder Judicial. “Esta es una reforma a profundidad del sistema de justicia en este país”, afirmó López Hernández, quien aseguró que el proceso reflejará la voluntad del pueblo.
Perspectivas
La convocatoria aprobada se presenta como una medida sin precedentes en el país, permitiendo por primera vez que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Sin embargo, las implicaciones de este cambio aún están en debate, especialmente en lo que se refiere a la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial.
Las elecciones de 2025 se desarrollarán en un entorno de alta tensión política, con fuertes divisiones entre quienes apoyan la reforma como una democratización del sistema judicial y quienes la ven como una amenaza para la autonomía de los jueces y magistrados.
