El pleno del Senado aprobó reformas a la Constitución Política que amplían la prisión preventiva oficiosa (PPO) para incluir delitos como extorsión, uso de comprobantes fiscales falsos y tráfico de fentanilo. Con 94 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones, la modificación al artículo 19 de la Carta Magna fue enviada a los congresos estatales para su ratificación.
Morena defiende la reforma; oposición advierte riesgos
La bancada de Morena y aliados justificaron la reforma al señalar que los delitos incluidos generan daños graves a la sociedad. Según el senador Óscar Cantón Zetina, la extorsión afecta tanto a pequeños comerciantes como a empresarios, destruye economías locales y fomenta el crimen organizado. La senadora Lucía Trasviña destacó que la PPO busca proteger a las víctimas y resarcir daños.
Por su parte, legisladores de oposición alertaron sobre el impacto en los derechos humanos. Marko Cortés, del PAN, advirtió que esta medida puede convertirse en un instrumento de persecución política. Claudia Anaya, del PRI, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México limitar el uso de la PPO, argumentando que esta viola la presunción de inocencia.
Polémica dentro de los partidos
El tema generó divisiones internas. Siete senadores del PAN, encabezados por Guadalupe Murguía, votaron a favor de la reforma, mientras que otros como Gustavo Sánchez y Francisco Ramírez Acuña la rechazaron. Este último criticó que la medida “lesiona el derecho a un juicio justo” y consideró que representa una herramienta con tintes de venganza.
En tanto, Movimiento Ciudadano, liderado por Luis Donaldo Colosio, señaló que esta reforma convierte a la PPO en una “sentencia anticipada” que afectará principalmente a las personas más vulnerables. Clemente Castañeda lamentó que, en un contexto de militarización, esta medida facilite abusos de poder y persecuciones políticas.
Diferentes perspectivas sobre el impacto
Para el Partido Verde, la PPO es un respaldo a víctimas y testigos de delitos, quienes podrán declarar sin temor a represalias. Sin embargo, Cristina Ruiz, del PRI, cuestionó su efectividad al señalar que no frenará el tráfico de fentanilo.
El senador Clemente Castañeda resumió las críticas al calificar la PPO como “prisión sin juicio”, advirtiendo que encarcelar para investigar es incompatible con el Sistema Penal Acusatorio.
El decreto aprobado fue turnado a los congresos estatales para los procedimientos correspondientes.
