El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido la mañana de este martes en Manila en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Se le acusa de crímenes de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su mandato entre 2016 y 2022 en el marco de su guerra contra las drogas.
Duterte, conocido por su política de mano dura contra el narcotráfico, justificó en varias ocasiones el uso de la violencia contra traficantes y consumidores de drogas. En 2016, se comparó con Adolf Hitler, asegurando que estaría “feliz de masacrar a millones de drogadictos” para erradicar el problema de las drogas en Filipinas.
Según cifras oficiales, al menos 6,200 personas murieron en operativos antidrogas bajo su gobierno. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real supera las 27,000 muertes, muchas de ellas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad y escuadrones de la muerte.
Un historial de violencia
Antes de llegar a la presidencia, Duterte fue alcalde de Dávao durante 22 años, donde estableció un enfoque represivo contra el crimen. Grupos de derechos humanos documentaron 1,400 homicidios en la ciudad entre 1998 y 2016, presuntamente cometidos por escuadrones de la muerte.
En 2017, Duterte admitió haber asesinado a sospechosos de delitos cuando era alcalde. “Solía patrullar las calles y hacerlo yo mismo para enseñar a la policía cómo se hace”, declaró.
Su gobierno también fue criticado por violaciones a los derechos humanos, comentarios sexistas y la persecución de opositores. Dos de sus principales críticos, los senadores Antonio Trillanes y Leila de Lima, fueron encarcelados con cargos cuestionados, mientras que la periodista Maria Ressa, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2021, enfrentó acusaciones de evasión de impuestos tras denunciar abusos de su administración.
Eficacia cuestionada
Pese a su estrategia violenta, expertos han señalado que su guerra contra las drogas no redujo significativamente el problema del narcotráfico. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), el suministro de drogas en Filipinas se mantuvo estable y los precios incluso bajaron, lo que indica una mayor disponibilidad.
“Los operativos brutales no frenarán la demanda de drogas”, advirtió en 2020 Jeremy Douglas, representante de la Onudd en Bangkok. En esa línea, el coronel Romeo Caramat, exjefe antinarcóticos de la Policía Nacional de Filipinas, reconoció que “el crimen ha bajado, pero la gente sigue pudiendo comprar drogas en cualquier momento y en cualquier lugar”.
El propio gobierno de Duterte admitió que las incautaciones representaban menos del 1% del mercado de drogas en el país. En 2021, la entonces vicepresidenta Leni Robredo afirmó que la política antidrogas debería centrarse en “perseguir a los grandes proveedores y no solo a los pequeños traficantes”.
Un arresto histórico
Horas después de su detención, Duterte fue trasladado en avión a La Haya, Países Bajos, donde la CPI lleva a cabo juicios por crímenes de lesa humanidad. Su captura marca un precedente en la lucha internacional contra abusos estatales y podría derivar en una condena.
A pesar de las denuncias y su arresto, Duterte mantuvo altos niveles de popularidad durante su mandato, con aprobaciones superiores al 50%. Su hija, Sara Duterte, fue electa vicepresidenta en 2022 junto al actual presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos, aunque la alianza política se deshizo posteriormente.
Ahora, el exmandatario filipino enfrenta la posibilidad de ser juzgado por los crímenes cometidos bajo su administración, en un proceso que podría redefinir el futuro político y judicial del país.
