La cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos encontró un límite jurídico en Chihuahua: compartir información no equivale a autorizar operaciones extranjeras en territorio nacional. Esa distinción sostiene la investigación contra el exfiscal César Jáuregui y los señalamientos relacionados con el gobierno estatal.
La muerte de dos estadounidenses durante un despliegue en la Sierra Tarahumara convirtió una operación de seguridad en un expediente sobre atribuciones institucionales, autorización de agentes extranjeros y responsabilidades de funcionarios mexicanos.
“Lo que ocurrió en Chihuahua es muy delicado, más allá de una declaración o no”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al responder sobre la actuación de las autoridades estatales.
La Fiscalía General de la República investiga la participación de personal extranjero en actividades que, según la versión presidencial, no estaban autorizadas por los mecanismos legales correspondientes.
El conflicto involucra dos niveles de responsabilidad. El primero corresponde a los funcionarios que organizaron o permitieron el despliegue. El segundo se refiere a la capacidad de las autoridades para controlar las actividades de agencias de otro país dentro de la jurisdicción mexicana.
La gobernadora María Eugenia Campos ha reconocido contactos de autoridades estatales con agencias estadounidenses. Determinar si esos contactos guardan relación con el operativo investigado exige documentos, testimonios y pruebas específicas.
Sheinbaum sostuvo que no corresponde a la Presidencia establecer culpabilidades y remitió cualquier posible ampliación de las investigaciones a la FGR, responsable de integrar las carpetas y acudir ante los jueces.
El caso obliga a examinar los procedimientos de cooperación sin confundir la colaboración legítima con operaciones que puedan vulnerar la legislación nacional. La resolución judicial establecerá responsabilidades individuales; las consecuencias institucionales alcanzan los protocolos de seguridad fronteriza.
