La discusión sobre quién vende materiales al INE terminó por alcanzar a quienes dirigieron el organismo electoral en distintas etapas de su historia. Claudia Sheinbaum reclamó revisar los contratos de proveedores desde administraciones anteriores y dirigió críticas a Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, aunque por responsabilidades de naturaleza distinta.
Contra Córdova, presidente del INE entre 2014 y 2023, el señalamiento se refiere a la permanencia de un mercado concentrado de materiales electorales. El 30 de octubre, la mandataria reprochó que hubiera conservado lineamientos de contratación pese a conocer los antecedentes de ese esquema.
“Él lo mantuvo, y él mantuvo los lineamientos de contratación con las mismas empresas”, declaró Sheinbaum. El reclamo adquirió relevancia después de que Córdova reconociera públicamente que la concentración entre pocos proveedores tenía antecedentes de más de dos décadas.
En el caso de Ugalde, presidente del antiguo IFE entre 2003 y 2007, Sheinbaum trasladó el debate a la elección presidencial de 2006. Lo acusó de ejecutar un presunto fraude electoral y puso en duda su autoridad moral para pronunciarse sobre la democracia. La imputación expresa la postura de la presidenta: el Tribunal Electoral validó aquella elección.
La mandataria también mencionó el origen del nombramiento de Ugalde y aludió a su libro Así lo viví para relacionarlo con acuerdos políticos en los que participaron legisladores priistas y Elba Esther Gordillo. El exconsejero, por separado, había criticado las declaraciones de Vicente Fox sobre su intervención política durante la campaña de 2006.
Los dos frentes no deben confundirse. Una cosa es reconstruir cómo se adjudicaron contratos de urnas, mamparas y otros insumos, quiénes fueron sus beneficiarios y si hubo faltas administrativas. Otra es la disputa histórica sobre la intervención política y los resultados electorales de 2006.
Desde el 27 de octubre Sheinbaum había pedido que la Auditoría Superior de la Federación revisara contratos tanto del periodo de Guadalupe Taddei como de administraciones previas. La solicitud abre una ruta de comprobación documental, pero no constituye por sí sola una resolución contra exfuncionarios o empresas.
El INE enfrenta así un examen que combina archivos de contrataciones, decisiones de sus consejos generales y una controversia política de larga duración. La responsabilidad efectiva sobre adjudicaciones deberá sustentarse en auditorías y procedimientos; los señalamientos sobre 2006 permanecen en un plano distinto de esa investigación.
