Con la reciente entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Senado de la República tienen la tarea de organizar la elección de jueces, magistrados y ministros programada para 2025. En este proceso, se renovarán diversos cargos en el sistema judicial, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces de distrito y magistrados regionales.
En primer lugar, el INE tiene un plazo de siete días para celebrar su primera sesión, en la cual se determinarán los aspectos preparatorios de la elección. En esta reunión, el instituto deberá emitir los acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral. Una de las primeras fechas clave será el 16 de octubre de 2024, cuando el Senado de la República emitirá la convocatoria oficial para que los candidatos a jueces y magistrados puedan participar en la elección.
La convocatoria incluirá las candidaturas para la renovación de magistraturas pendientes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como magistraturas regionales del mismo tribunal, y la mitad de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito. El proceso también incluye la renovación de juzgadores locales en aquellos estados donde haya elecciones estatales en 2025.
El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes federales que regulan este proceso electoral. Durante este periodo, se aplicarán disposiciones supletorias en materia constitucional y electoral, que regirán los vacíos legales hasta que se completen los ajustes. Se espera que, en un plazo de 180 días, los congresos locales de los estados ajusten sus respectivas constituciones para que, en 2027, se renueven también los poderes judiciales estatales.
La jornada electoral está programada para el primer domingo de junio de 2025. Los cargos que se elegirán incluyen 9 ministros de la SCJN, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de Salas Regionales, y aproximadamente 820 jueces de distrito y magistrados de circuito. En algunos estados, además, se elegirán también juzgadores locales si coinciden con procesos electorales locales.
Tras la elección, el INE será el responsable los cómputos, publicar los resultados, otorgar las constancias de mayoría y declarar válida la elección. Se espera que las impugnaciones a los resultados queden resueltas antes del 28 de agosto de 2025, para que el 1 de septiembre los juzgadores electos puedan tomar posesión de sus cargos en una ceremonia que tendrá lugar en el Senado de la República. En esa misma fecha, se integrará el Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal se disolverá, conforme lo establece la reforma judicial.
Sin embargo, aún quedan varios aspectos por definir. Hasta ahora, se desconoce cuántas casillas electorales serán necesarias para una elección de esta magnitud, así como el número de funcionarios que se requerirá para su organización. También es incierto el proceso que se utilizará para agilizar el voto, así como los mecanismos que se establecerán para evitar financiamiento ilegal o la intervención de grupos fácticos.
Entre los temas pendientes también se encuentra la posible contratación de publicidad por parte de los candidatos y su promoción en redes sociales con recursos propios. No obstante, ya se ha definido que los candidatos no podrán recibir financiamiento público o privado, y que solo contarán con tiempos oficiales en radio y televisión para difundir sus propuestas. Asimismo, se prohibió que partidos políticos y funcionarios promuevan o ataquen a las candidaturas.
El costo total de la elección es otro de los aspectos que aún no se ha determinado. El INE enfrentará el reto de garantizar que todas las fases del proceso electoral se lleven a cabo de manera eficiente y en conformidad con las nuevas disposiciones.
