La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Donald Trump ha planteado la participación de empresas estadounidenses en la producción petrolera de México, pero rechazó cualquier mecanismo que implique entregar derechos sobre los hidrocarburos nacionales. Aclaró que el asunto no ha sido una condición para alcanzar un acuerdo comercial.
“Aquí hay una Constitución y aquí hay unas leyes. Entonces aquí no se puede dar derechos de petróleo”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia del 19 de octubre, al explicar los límites legales que ha planteado al mandatario estadounidense en sus conversaciones telefónicas.
La presidenta distinguió entre la cesión de derechos petroleros y los contratos de servicios que Pemex puede establecer con compañías extranjeras. Recordó que empresas estadounidenses participan desde hace décadas como contratistas de la petrolera mexicana y que la legislación vigente regula esos mecanismos.
Sheinbaum señaló que Trump ha preguntado si Estados Unidos puede ayudar en la producción petrolera mexicana. Aclaró que esas conversaciones no han derivado en exigencias para modificar las disposiciones constitucionales ni en una negociación que condicione el acuerdo comercial a la entrega de activos de Pemex.
El diálogo energético también comprende la compra de gas natural estadounidense. México mantiene proyectos de generación eléctrica que requieren ese combustible, entre ellos cinco nuevas plantas de ciclo combinado, mientras busca aumentar su propia producción de gas.
Como ejemplo de participación empresarial, Sheinbaum mencionó las instalaciones de licuefacción de gas vinculadas con Sempra en Ensenada, Baja California, que utilizan combustible procedente de Estados Unidos para su comercialización y exportación hacia otros mercados, principalmente asiáticos.
La mandataria explicó que las diferencias sobre la legislación mexicana se presentan ocasionalmente entre funcionarios estadounidenses, aunque aseguró que algunos conocen las restricciones constitucionales. Sostuvo que las conversaciones han permitido aclarar los mecanismos disponibles sin modificar las reglas de propiedad y contratación.
El gobierno mexicano mantiene abierta la cooperación energética con compañías estadounidenses, pero bajo los contratos autorizados por la legislación nacional. La posibilidad de ampliar esa participación dependerá de proyectos concretos y de las disposiciones que regulan las operaciones de Pemex.
