La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hasta ahora no existen pruebas que vinculen directamente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, con la autorización del operativo en el que participaron agentes estadounidenses y que derivó en la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno.
“Hasta ahora es lo que tiene que aclarar la fiscalía”, respondió Sheinbaum durante su conferencia del 19 de octubre, al ser consultada sobre la posible responsabilidad de la mandataria estatal. La presidenta evitó extender las acusaciones más allá de los elementos conocidos de las investigaciones.
Sheinbaum explicó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició el procedimiento contra Jáuregui por su presunta responsabilidad en el operativo. Posteriormente, la Fiscalía General de la República abrió una causa federal por posible traición a la patria, relacionada con la intervención de agentes extranjeros en funciones de seguridad.
La investigación comprende el operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en El Pinal, Sierra Tarahumara, durante abril de 2026. En el despliegue participaron ciudadanos estadounidenses y dos de ellos murieron posteriormente en un accidente junto con funcionarios estatales.
La Fiscalía de Chihuahua imputó al exfuncionario los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La investigación federal constituye un procedimiento separado, sujeto a las decisiones de las autoridades ministeriales y judiciales correspondientes.
Sheinbaum confirmó que existen otras investigaciones relacionadas con Jáuregui, pero aclaró que se refieren a delitos distintos de la presunta traición a la patria. Rechazó ofrecer detalles sobre esas indagatorias y pidió que las fiscalías informen públicamente.
La presidenta también solicitó que las autoridades federales y estatales aclaren las responsabilidades individuales. La participación de agentes estadounidenses en acciones reservadas a las instituciones mexicanas constituye el punto central de la investigación sobre posibles violaciones a la legislación nacional.
El caso permanece abierto en dos jurisdicciones. La responsabilidad penal de Jáuregui deberá determinarse judicialmente, mientras la eventual intervención de otros funcionarios dependerá de los elementos que puedan acreditar las fiscalías.
