Un estudio jurídico argentino presentó una denuncia en la Justicia de Estados Unidos contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y otros involucrados en la operatoria de la criptomoneda $LIBRA, acusándolos de fraude masivo. La presentación ante el FBI y el Departamento de Justicia estadounidense se fundamenta en la participación de ciudadanos y empresas estadounidenses.
El mandatario argentino se desvinculó de la operatoria y afirmó que solo difundió el proyecto sin promoverlo. La oposición impulsa un juicio político y se han radicado más de 100 denuncias en su contra tanto en Argentina como en EE.UU.
El caso surgió luego de que Milei publicara en su cuenta de X un mensaje sobre Viva la Libertad Project, iniciativa vinculada a $LIBRA. Tras la difusión, la criptomoneda se disparó en valor, pero horas después sufrió un colapso cuando inversores mayoritarios liquidaron sus tenencias, generando pérdidas millonarias.
El Gobierno argentino sostuvo que la criptomoneda fue creada por la empresa KIP Protocol, liderada por el singapurense Julian Peh. Sin embargo, Milei mencionó al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, titular de Kelsier Ventures, como responsable del proyecto.
Según la denuncia presentada por el estudio jurídico Moyano & Asociados, el tuit de Milei dio legitimidad a la criptomoneda y motivó a miles de inversores a comprarla. Con el aumento de demanda, el precio subió, permitiendo a ciertos inversores liquidar sus posiciones con grandes ganancias, lo que derivó en el desplome del valor de $LIBRA.
La demanda, liderada por el economista Claudio Lozano, acusa a Milei de integrar una asociación ilícita que habría cometido una estafa con pérdidas de más de 4 mil millones de dólares. Se pide el allanamiento de la Casa Rosada y un peritaje sobre X para analizar la participación del presidente en la operatoria.
Milei negó las acusaciones y aseguró que no obtuvo beneficios económicos. En una entrevista con el canal TN, minimizó la cantidad de afectados y calificó a los inversores como “operadores de volatilidad”, expertos en criptoactivos que sabían los riesgos.
La oposición argentina busca avanzar en un juicio político contra el mandatario. El bloque Unión por la Patria (UxP) calificó el caso como “un escándalo sin precedentes” y exigió una investigación en el Congreso. Paralelamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que se trata de un ataque político para debilitar a Milei.
La Justicia argentina también investiga el caso. La jueza federal María Servini de Cubría podría sumar nuevas denuncias presentadas por damnificados y legisladores opositores.
El escándalo impactó en los mercados argentinos, con una caída de más del 5% en la bolsa local, pese al feriado financiero en Estados Unidos. Mientras tanto, Milei afirmó que tomará precauciones para evitar futuros incidentes. “Me dieron un cachetazo”, dijo, insistiendo en que obró “de buena fe”.
