La aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos trasladó a la Secretaría de Hacienda una decisión de alcance económico: determinar en qué sectores y actividades podrían exigirse pagos electrónicos como única modalidad de cobro.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 6 de octubre y el Senado el 20 de octubre. El texto fue turnado al Ejecutivo federal. La ley no establece una prohibición general e inmediata del uso de efectivo.
El cambio abre interrogantes para los comercios que dependen de operaciones pequeñas y de la circulación diaria de efectivo. Comisiones bancarias, terminales y conectividad representan costos adicionales que no afectan del mismo modo a grandes cadenas y establecimientos familiares.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretende ampliar el uso de tarjetas, transferencias y otras plataformas de cobro. El alcance efectivo de la obligatoriedad dependerá de las actividades que Hacienda determine y de las condiciones que fije.
El punto de tensión no es únicamente tecnológico. La transición introduce nuevas relaciones entre los negocios, los proveedores de servicios financieros y la autoridad encargada de definir los sectores sujetos a la norma.
Para los consumidores, la ausencia de una eliminación general del efectivo no garantiza que todas las operaciones sigan admitiéndolo si la autoridad establece reglas específicas para determinadas actividades.
La decisión también exigirá observar la disponibilidad de servicios digitales en localidades con conectividad irregular y el efecto de las comisiones sobre establecimientos de bajos márgenes de ganancia.
El siguiente paso es la definición y publicación de las actividades alcanzadas por las nuevas reglas. De esa decisión dependerán las obligaciones concretas para comercios y usuarios.
