El gobierno federal presentó la reducción de la deuda de Petróleos Mexicanos como parte de una estrategia para recuperar capacidad de decisión sobre la producción y transformación de hidrocarburos, aunque la sostenibilidad financiera de la empresa seguirá dependiendo de sus resultados operativos y de inversión.
En el informe presentado el 21 de octubre durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Pemex reportó una disminución de deuda superior a 20 mil millones de dólares en menos de dos años y sostuvo que su saldo alcanzó el nivel más bajo desde 2014. La empresa anunció una proyección de inversiones de más de 1.8 billones de pesos entre 2025 y 2030.
El director de la petrolera, identificado en el informe como Juan Carlos Carpio Fragoso, atribuyó la estrategia a cinco prioridades: estabilizar la extracción, elevar la refinación, fortalecer petroquímica y fertilizantes, reducir deuda e invertir en proyectos productivos. Son objetivos de la administración, no resultados futuros garantizados.
El alcance de las decisiones económicas
Pemex informó una producción de petróleo de 1.76 millones de barriles diarios, próxima a su meta de 1.8 millones. Para gas natural, reportó más de cuatro mil 900 millones de pies cúbicos diarios y un crecimiento de 7.5 por ciento frente a 2024.
El aumento de refinación constituye el principal argumento industrial del informe. La empresa señaló que procesa más de un millón 100 mil barriles diarios, frente a unos 612 mil en 2018, y atribuyó parte de la expansión a la incorporación de la refinería Olmeca y a mejoras operativas en Tula.
Según los datos presentados, la producción de gasolina, diésel y turbosina pasó de 350 mil barriles diarios en 2018 a cerca de un millón, mientras que 87 de cada 100 litros comercializados provienen de refinerías propias, frente a 24 litros en 2018. Estos indicadores describen una mayor transformación interna, pero no sustituyen un balance integral de rentabilidad y costos.
La disputa por la capacidad estatal
El peso político de la estrategia reside en disminuir la exposición a compras externas de combustibles y fortalecer la cadena nacional de valor. La decisión implica comprometer recursos públicos y financieros en una industria de alta intensidad de capital, sujeta a riesgos de precios, mantenimiento y demanda.
Pemex enfrenta así una doble prueba: convertir la expansión operativa en ingresos sostenibles y demostrar que la menor deuda puede mantenerse sin trasladar presiones excesivas a las finanzas públicas.
