El debate sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027 llega a la Cámara de Diputados con dos compromisos que compiten por los recursos públicos: sostener el pago de pensiones y ampliar la inversión en infraestructura. Los vicecoordinadores de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar y Gabriela Jiménez Godoy defendieron las prioridades del proyecto, aunque el primero advirtió sobre el crecimiento de las obligaciones pensionarias.
Ramírez Cuéllar señaló que la propuesta contempla alrededor de 2.5 billones de pesos para pensiones. La cifra, expuesta por el legislador, debe leerse como parte del debate presupuestario y no como gasto definitivo mientras no concluya la aprobación legislativa.
El diputado planteó una reforma constitucional y una Ley General de Pensiones para establecer reglas de planeación y supervisión. Argumentó que la coexistencia de más de mil esquemas federales, estatales y municipales dificulta conocer las obligaciones acumuladas y compararlas entre instituciones.
Según los datos presentados por Ramírez Cuéllar, el gasto pensionario de 2026 alcanza 2 billones 323 mil 903 millones de pesos. También advirtió que, sin cambios estructurales, las obligaciones podrían absorber una proporción creciente del presupuesto. Se trata de estimaciones expuestas por el legislador, no de resultados futuros confirmados.
La discusión no se limita a cuánto dinero destinar a las pensiones. Incluye cómo proteger los derechos adquiridos, qué instituciones deben reportar sus compromisos y qué mecanismos permitirían anticipar las presiones financieras de los próximos años.
Gabriela Jiménez Godoy defendió el componente de infraestructura del proyecto, que, según explicó, propone un gasto neto total de 10.6 billones de pesos. Destacó partidas para hospitales en la Ciudad de México y para el sistema ferroviario de pasajeros entre la capital y Querétaro.
Entre los montos citados por la legisladora figuran mil 237 millones de pesos para el Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, 433 millones para el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro y 5 mil 682 millones para el proyecto ferroviario. Son asignaciones propuestas, sujetas a la resolución presupuestaria correspondiente.
Los posicionamientos de ambos diputados exhiben una tensión central de las finanzas públicas: atender compromisos permanentes de gasto sin cancelar proyectos de inversión. La discusión en San Lázaro determinará qué partidas se mantienen, cuáles cambian y con qué recursos se financiarán.
