El Senado de la República recibió este viernes el proyecto de decreto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone la expedición de tres nuevas leyes: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares. Además, plantea reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información establece principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho a la información pública en poder de autoridades de los tres niveles de gobierno, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. También incluye a personas físicas, morales o sindicales que reciban y administren recursos públicos o ejerzan actos de autoridad.
Por su parte, la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados busca garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales en poder de autoridades gubernamentales. Mientras que la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares regula el manejo de datos personales por parte de empresas y particulares, asegurando un tratamiento lícito, controlado e informado para proteger la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa.
La iniciativa establece que no será necesario el consentimiento del titular cuando la información confidencial provenga de registros o fuentes de acceso público, tenga carácter público por disposición legal, exista una orden judicial, se requiera por razones de seguridad nacional o salubridad general, o para proteger derechos de terceros.
Asimismo, permite la transmisión de información entre sujetos obligados y organismos internacionales en términos de tratados y acuerdos interinstitucionales, siempre que se utilice dentro del marco de sus facultades.
La propuesta también clasifica como información reservada aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social. También se incluirá la información relacionada con negociaciones y relaciones internacionales, opiniones o recomendaciones dentro de procesos deliberativos de servidores públicos hasta que se adopte una decisión definitiva, y aquella que obstruya procedimientos para determinar responsabilidades administrativas hasta que la resolución cause estado.
El proyecto será analizado por el Senado para su eventual discusión y aprobación en comisiones antes de ser sometido al pleno.
