Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, ya no aparece bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, de acuerdo con registros oficiales. La información publicada en el portal de la BOP indica que el exfuncionario “no está en custodia” desde el 10 de febrero de 2025.
El exfiscal, sentenciado en 2019 a 20 años de prisión tras declararse culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa, cumplió parte de su condena en la prisión federal de Ashland, Kentucky. Sin embargo, en abril de 2024, la jueza Carol Bagley Amon le concedió una reducción de condena. Su fecha de liberación estaba programada para el 3 de octubre de 2025.
El registro del BOP no proporciona detalles sobre su actual situación, pero la agencia aclaró que podría seguir bajo la custodia de otra entidad de justicia penal o estar en libertad supervisada. Según protocolos, al salir de prisión, Veytia debió ser deportado a México, salvo que permanezca en Estados Unidos bajo un acuerdo con la fiscalía como testigo protegido. Hasta el momento, no hay reportes de que el exfiscal se encuentre en territorio mexicano.
Colaboración con la fiscalía
Entre 2013 y 2017, Veytia encabezó la Fiscalía General de Nayarit, desde donde brindó protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. Fue arrestado en San Diego, California, en marzo de 2017, cuando intentó ingresar a Estados Unidos. Dos años después, se declaró culpable de conspiración para el tráfico de heroína, cocaína y metanfetaminas.
El exfuncionario cooperó con el gobierno estadounidense y participó como testigo en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, condenado por narcotráfico. Su testimonio fue clave para evidenciar los vínculos de altos mandos del gobierno mexicano con el crimen organizado.
A pesar de la reducción de su condena, se esperaba que Veytia cumpliera su sentencia hasta octubre de 2025, lo que ha generado interrogantes sobre su situación actual. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre su ubicación o estatus legal.
