El sistema sin examen sumó 307 mil aspirantes en 2026 y elevó la presión sobre la infraestructura educativa. El gobierno apuesta por ampliar 200 mil espacios, mientras modifica el mecanismo de asignación y enfrenta límites operativos en cobertura, calidad y absorción institucional.
El sistema de ingreso a educación media superior sin examen registró 307 mil 241 aspirantes en 2026 tras el cierre de la plataforma oficial. La cifra marcó un incremento cercano a diez por ciento respecto a 2025, primer año sin prueba única en la zona metropolitana.
El gobierno federal eliminó el examen de asignación y sustituyó el mecanismo por un modelo de elección de opciones. En 2025, el sistema registró 272 mil 393 aspirantes y asignó a 97.4 por ciento en alguna de sus tres primeras preferencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una meta de 200 mil nuevos lugares hacia 2026. El plan incluye construcción de planteles, ampliaciones y reconversión de infraestructura existente para incrementar la cobertura en bachillerato.
Las autoridades informaron que en 2025 se abrieron 44 mil espacios mediante 83 obras. Para 2026 proyectaron más de 500 intervenciones, con 26 nuevos bachilleratos tecnológicos y ampliaciones en escuelas con alta demanda.
El programa incorporó 108 planteles en localidades de 2 mil 500 habitantes o menos. También planteó la apertura de alrededor de 300 centros bajo el modelo Margarita Maza para reincorporar a jóvenes fuera del sistema educativo.
El nuevo esquema asigna lugares con base en elección estudiantil y cercanía territorial. El Ejecutivo busca reducir traslados y elevar permanencia escolar mediante una distribución más cercana al domicilio de los alumnos.
El modelo mantiene excepciones para la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que conservan sus exámenes de ingreso. Estas instituciones concentran alta demanda y operan con autonomía en sus procesos de selección.
La correlación de fuerzas muestra un Ejecutivo con capacidad de expansión presupuestal frente a instituciones autónomas con control de acceso. El sistema desplaza poder desde la evaluación estandarizada hacia la planeación gubernamental de oferta.
El costo político se ubica en la presión sobre calidad educativa y saturación de planteles. El incremento de matrícula exige docentes, infraestructura y gestión que pueden tensionar el sistema en el corto plazo.
El escenario inmediato depende de la ejecución de obras y la absorción real de la demanda. Si la expansión no acompaña el crecimiento de aspirantes, el sistema puede enfrentar cuellos de botella y redistribución desigual de estudiantes.
