La SCJN validó la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de 2023, que restringe determinados apoyos públicos a investigadores de instituciones privadas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de 2023, que establece restricciones a determinados apoyos económicos para investigadores de instituciones privadas y da prioridad al financiamiento público de la investigación científica.
El pleno aprobó la resolución el 19 de octubre por siete votos contra uno. La decisión resolvió acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la legislación y fija un criterio relevante para más de 90 juicios de amparo vinculados con sus disposiciones.
“Los recursos públicos van para los institutos de investigación de manera directa, universidades para el desarrollo de proyectos en el país”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al pronunciarse sobre la sentencia durante la conferencia del 20 de octubre.
La mandataria defendió la política iniciada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que antes se destinaron recursos públicos al desarrollo tecnológico de empresas transnacionales. Afirmó que su administración mantiene la prioridad de financiar proyectos en instituciones públicas.
La resolución judicial no elimina la investigación científica privada ni implica una prohibición absoluta de colaboración con empresas. El punto central de la controversia corresponde a los criterios legales para asignar determinados apoyos económicos con recursos públicos.
Durante la discusión judicial, la ministra Loretta Ortiz se pronunció contra la restricción por sus posibles efectos sobre los derechos de investigadores, mientras otras integrantes del pleno defendieron la facultad del Estado para definir prioridades presupuestarias.
Sheinbaum señaló que los recursos destinados a investigación también deben sujetarse a mecanismos de fiscalización. Sostuvo que los centros beneficiarios tienen la obligación de explicar cómo utilizan el financiamiento y qué proyectos desarrollan.
El fallo permite avanzar en la resolución de los litigios pendientes conforme al criterio establecido por la Corte. La disputa pasa ahora a la aplicación de la ley y a la definición de los mecanismos de financiamiento para investigadores e instituciones de distintos sectores.
