La Secretaría Anticorrupción abrió una investigación contra Marcelo Ebrard por la estancia de su hijo en la embajada en Reino Unido en 2021. Claudia Sheinbaum sostuvo que el proceso responde a denuncias formales y deberá determinar si hubo uso indebido de recursos o subordinación irregular.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación administrativa contra Marcelo Ebrard tras denuncias sobre la estancia de su hijo en la residencia oficial en Reino Unido cuando encabezaba la Cancillería.
La mandataria explicó que el procedimiento se activó por quejas formales presentadas ante la dependencia, lo que obliga legalmente a abrir una revisión sin prejuzgar responsabilidades. La apertura del expediente responde a un mecanismo automático previsto en la normativa.
El caso se desarrolla en un contexto donde el uso de recursos públicos en el exterior mantiene escrutinio constante. La presencia de familiares en instalaciones diplomáticas introduce tensiones sobre límites administrativos y jerárquicos dentro del servicio exterior.
Sheinbaum señaló que la autoridad competente deberá revisar si existió alguna falta legal en el uso de la residencia o en la relación entre funcionarios. La presidenta evitó emitir un juicio y sostuvo que la resolución dependerá de la investigación.
Marcelo Ebrard declaró que la estancia ocurrió en 2021 durante la pandemia y que respondió a una situación excepcional. El funcionario explicó que solicitó a la entonces embajadora, Josefa González-Blanco, recibir a su hijo como apoyo personal.
El secretario de Economía indicó que su hijo permaneció cerca de seis meses en la residencia diplomática y regresó a México ante las restricciones sanitarias y la educación a distancia. Afirmó que no existieron asignaciones adicionales ni uso indebido de recursos.
El funcionario rechazó irregularidades y sostuvo que la estancia incluyó actividades comunitarias. Su postura busca acotar el caso a una decisión personal en un contexto extraordinario, sin implicaciones administrativas.
La Secretaría Anticorrupción analizará si existió subordinación indebida o aprovechamiento de recursos públicos conforme a la legislación vigente. La revisión también considera si la normativa contempla de forma explícita este tipo de situaciones.
El proceso abre un margen para definir criterios en el uso de instalaciones diplomáticas. La ausencia de reglas claras puede obligar a la autoridad a establecer lineamientos que eviten discrecionalidad en representaciones en el exterior.
La investigación coloca en revisión la conducta de un integrante del gabinete en funciones y expone los límites entre lo personal y lo institucional. La resolución marcará el alcance de responsabilidad administrativa en espacios diplomáticos.
