Juchitán de Zaragoza entró en una fase de control extraordinario después de que una operación federal y estatal contra servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas terminara con la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano. En menos de tres días, el municipio pasó de tener un gobierno electo a quedar sin Ayuntamiento, con su Policía Municipal desarmada y con fuerzas estatales y federales desplegadas en el territorio.
La dimensión de la crisis se entiende por la secuencia. El 23 de septiembre, Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, SSPC federal y autoridades de Oaxaca ejecutaron órdenes de aprehensión contra Sánchez Altamirano y otra persona dentro del Operativo Enjambre. La acusación formal incluye extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La Fiscalía de Oaxaca sostiene además que el alcalde mantenía vínculos con “Los Cromos”, señalados por las autoridades como una estructura criminal con presencia en el Istmo. Son imputaciones que deberán acreditarse ante la autoridad judicial.
La detención produjo una reacción que convirtió la crisis política en un problema de seguridad. Reportes periodísticos documentaron bloqueos y acciones de policías municipales después de la captura, mientras las autoridades desplegaron fuerzas estatales y federales en la ciudad. El 24 de septiembre, el Gobierno de Oaxaca informó el envío de más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, con respaldo de instituciones federales.
El siguiente golpe institucional llegó contra la propia Policía Municipal. La SSPC de Oaxaca efectuó una revista extraordinaria y retiró el armamento de la corporación: 28 armas largas, 27 cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles. El gobierno estatal justificó la medida por la ausencia del presidente municipal y por la falta de condiciones jurídicas para mantener el resguardo local del arsenal.
Ahí aparece uno de los elementos centrales de la crisis: la estructura municipal dejó de controlar uno de los instrumentos básicos de autoridad territorial. La Policía Municipal quedó sin sus armas y bajo una revisión encabezada por instancias estatales, con participación federal. No se trata únicamente de reforzar una vigilancia; significa que la capacidad coercitiva del municipio quedó temporalmente fuera de sus manos.
El Ayuntamiento también quedó fuera
La crisis de seguridad terminó convirtiéndose en una crisis de gobierno. El 25 de septiembre, Salomón Jara solicitó al Congreso de Oaxaca la desaparición del Ayuntamiento para abrir paso al nombramiento de un encargado de la Administración Municipal. El gobernador planteó la medida como una forma de preservar la gobernabilidad, mantener los servicios públicos y garantizar seguridad en colonias, agencias y comunidades.
El Congreso aprobó posteriormente la desaparición del Ayuntamiento con 35 votos a favor y ninguno en contra. El órgano municipal electo para el periodo 2025-2027 quedó así sustituido por una administración temporal. La Secretaría Municipal de Juchitán había expresado antes su disposición a acompañar una salida institucional para recuperar la normalidad administrativa.
La diferencia entre ambas intervenciones resulta fundamental. La operación de seguridad afectó la capacidad de la Policía Municipal; la decisión legislativa sustituyó al órgano político que debía conducir el Ayuntamiento. Una controla temporalmente la fuerza pública local; la otra cambia quién administra formalmente el municipio.
El resultado es una concentración inédita de decisiones fuera del gobierno municipal electo. La seguridad quedó bajo presencia estatal y federal; la administración municipal será conducida temporalmente por una persona designada por el Ejecutivo; y la situación penal del alcalde quedó en manos del sistema de justicia.
El problema no empezó con el alcalde detenido
La crisis tampoco apareció de manera aislada el 23 de septiembre. Tres semanas antes, Juchitán ya había mostrado una disputa por el control de una institución con fuerte arraigo comunitario: los Bomberos Voluntarios Zapotecos.
El 4 de septiembre, funcionarios estatales acudieron a la estación para notificar cambios en la dirección y el personal. Francisco “Paco” Vásquez Jiménez, entonces director de los bomberos juchitecos, rechazó la modificación. La confrontación terminó con la retención de entre seis y siete funcionarios estatales y protestas en defensa de la corporación.
El episodio importa porque mostró algo que volvería a aparecer semanas después: la capacidad del gobierno estatal para intervenir en estructuras locales no necesariamente se traduce de inmediato en control efectivo del territorio. En aquella ocasión, la presión comunitaria llevó a una negociación. Ahora, después de la detención del alcalde, el Estado regresó a Juchitán con fuerzas de seguridad y una intervención institucional mucho más amplia.
Vásquez aparece ahora como encargado de la Administración Municipal, pero su importancia periodística está precisamente en esa transición. Su llegada no explica la crisis ni la resuelve. Es el primer rostro de una administración que tendrá que operar después de la desaparición del Ayuntamiento y mientras continúa la intervención sobre la seguridad municipal.
El vacío que dejó el Operativo Enjambre
La detención de Sánchez Altamirano también abrió preguntas sobre la estructura política y de seguridad que operaba alrededor del Ayuntamiento. La Fiscalía de Oaxaca señaló al alcalde por presuntos vínculos con “Los Cromos” y también fue detenido John Keny Moreno Segura, excomisario de la Policía Municipal, a quien la propia Fiscalía relaciona con esa estructura criminal.
Si las imputaciones de la Fiscalía son acreditadas judicialmente, el problema no habría estado limitado a una conducta individual, sino que habría involucrado relaciones entre poder político, seguridad municipal y una organización criminal. Mientras esas acusaciones no sean resueltas por los tribunales, deben mantenerse como señalamientos de investigación.
El propio gobierno estatal ha presentado la operación como una acción para recuperar gobernabilidad. Jara sostuvo, después de la detención, que Juchitán se mantenía en paz y que continuaría la coordinación con el Gobierno de México. Al día siguiente, su administración anunció el despliegue de más de 250 elementos y posteriormente comunicó el retiro del armamento municipal.
La paradoja es que la recuperación del control estatal comenzó con una operación contra integrantes de la estructura municipal y terminó con la sustitución temporal de esa misma estructura. El Ayuntamiento dejó de ser el centro de la conducción política; el gobierno estatal y las instituciones federales se convirtieron en los actores decisivos de la transición.
Juchitán entra en territorio desconocido
El siguiente paso será construir una autoridad municipal que pueda funcionar sin el Ayuntamiento electo. La legislación oaxaqueña contempla una ruta posterior a la desaparición: el Ejecutivo puede designar una administración temporal y avanzar hacia la integración de un Concejo Municipal que concluya el periodo constitucional.
Pero la dificultad no será solamente jurídica. Juchitán necesita que vuelvan a funcionar servicios, trámites, seguridad y atención a colonias y agencias sin que la transición deje una administración incapaz de interlocutar con una sociedad que ya demostró capacidad para defender sus propias estructuras.
La situación penal de Sánchez Altamirano avanzará por una vía distinta. La audiencia para determinar su eventual vinculación a proceso está prevista para el 29 de septiembre. Mientras los tribunales resuelven la acusación, el municipio ya experimenta una transformación política que no depende de la sentencia del alcalde.
Juchitán quedó atrapado entre tres poderes que ahora disputan funciones que antes estaban concentradas en el gobierno municipal: la justicia procesa al alcalde, las fuerzas estatales y federales controlan la seguridad y el Ejecutivo estatal administra la transición.
Eso es lo que realmente está en juego. La detención de Miguel Sánchez Altamirano fue el detonante; la crisis que dejó detrás obligó a desmontar, temporalmente, buena parte de la estructura desde la que Juchitán se gobernaba.
